El equipo de investigadores de la Oficina de Survival en España, llegó a la conclusión de que se avizora un futuro bastante incierto de continuar con la escalada del mercado de bonos de carbono basado en proyectos que están lejos de compensar o mitigar emisiones de gases de efecto invernadero, y si nos vamos más al detalle, representan más bien serias amenazas para la propia naturaleza, a lo que se le suma esas otras amenazas, a veces denominadas “daños colaterales”, como son los hechos de violencia que viven las comunidades indígenas, contactadas o no, de las denominadas “Áreas Protegidas” que impulsan algunos proyectos.
El equipo liderado por Fiore Longo, directora de la Oficina, dio a conocer un informe que revela cómo un proyecto llevado adelante en Kenia (Africa), por parte de un “colono” inglés, resultó ser, por decir lo menos, un fiasco.
“En el norte de Kenia, bajo el pretexto de implementar un nuevo tipo de Áreas Protegidas, llamadas “conservancies” o zonas de conservación de la naturaleza, una organización que responde al nombre de Northern Rangelands Trust (NRT) ha tomado el control de millones de hectáreas de terreno. Este territorio está habitado por numerosos pueblos indígenas que se dedican al pastoreo, como los samburu, borana y rendille. NRT es una iniciativa de Ian Craig, cuya hacienda ganadera privada, convertida ahora en una “conservancy” para turistas ricos, se ubica en tierras robadas a pastores indígenas que la antigua administración colonial entregó a su familia, cuyas relaciones con la familia real británica están bien documentadas”, informó la Directora de la ONG
El proyecto se ha vendido como una «Solución basada en la Naturaleza» (SbN), en la que los programas de conservación se financian mediante la venta de créditos de carbono a empresas contaminantes, lo que genera ingresos adicionales para expandir e intensificar la preservación o «restauración» de la tierra para la vida silvestre. En su primer periodo de acreditación (2013-2016), el proyecto generó 3,2 millones de créditos de carbono. Para enero de 2022 todos ellos se habían vendido. Según las fuentes, se desconoce el valor bruto total exacto de estas ventas, pero es probable que haya comprendido entre 21 y 45 millones de dólares estadounidenses. La mayoría se vendieron en grandes bloques, incluidos 180.000 a Netflix y 90.000 a Meta Platforms (dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp).
¿Una solución?
El especialista en Cambio Climático, Juan Carlos Sánchez, hizo referencia al Informe especial sobre el Cambio Climático y la Tierra (SRCCL, siglas en inglés), elaborado por el Panel Intergubernamental (IPCC) y presentado en el 2019; que señala que “muchas prácticas actuales de la agricultura, la silvicultura y el cambio de uso de la tierra contribuyen a casi una cuarta parte del total de emisiones netas de gases de efecto invernadero causadas por el hombre”. Sánchez comenta que el estudio plantea los paliativos dirigidos a la adaptación y mitigación principalmente. Sin embargo, -dijo- el mismo estudio advierte que algunas de estas soluciones podrían aumentar la demanda de tierra, lo que provocaría “efectos secundarios adversos”. “En efecto, proyectos mal definidos y/o mal planificados pueden dañar los sistemas naturales y a las comunidades humanas locales, particularmente cuando las empresas, instituciones financieras y otras organizaciones las utilizan principalmente como medio para alcanzar objetivos de incrementar sus ganancias”, enfatizó el experto.
La ONG Survival por su parte ha desarrollado campañas para alertar sobre los “daños colaterales” de estas prácticas, donde, como siempre, ganan los que más tienen y los grandes perdedores son las comunidades indígenas, los verdaderos defensores de la naturaleza y la biodiversidad. Una de ellas es “Descolonicemos la conservación”, de la que hablaremos más adelante.
“Por decirlo en términos prácticos, las SbN dan un nuevo impulso a lo que solía llamarse compensaciones de las emisiones de carbono. En este contexto, la naturaleza se considera un capital o un activo, algo a lo que podemos poner precio y con lo que comerciar en el mercado. Pongamos que Shell, una de las grandes defensoras de las SbN, emite una cantidad X de CO2 a la atmósfera. Para poder afirmar que respeta sus compromisos climáticos, Shell puede seguir emitiendo exactamente la misma cantidad de CO2, siempre que apoye también la creación de un Área Protegida que almacene la misma cantidad de CO2 o plante algunos árboles que se supone absorberán la misma cantidad de CO2. Los mecanismos de compensación a base de SbN no son más que colonialismo de carbono y no detendrán la crisis climática”, es parte de la tesis que maneja la investigadora de Survival.
Longo de hecho va más allá y habla del interés que tiene el sector “conservacionista” para impulsar tanto las SbN como los bonos de carbono. “Es un mercado que les permite generar enormes sumas de dinero con la venta de créditos de carbono de las Áreas Protegidas que gestionan, a fin de crear nuevas Áreas Protegidas”. También se refirió a los millonarios salarios que disfrutan muchos de sus administradores. Dijo que entre las entidades que apoyan las SbN está Nestlé, BP, Chevron, Equinor, Total, Shell, Eni, BHP, Dow Chemical Company, Bayer, Boeing, Microsoft, Novartis, Olam, Coca-Cola, Danone, Unilever, etc.
Colonizando la floresta
La Campaña “Descolonicemos la conservación” lo deja muy claro: “Los proyectos de absorción de carbono que están desarrollándose en las Áreas Protegidas alimentarán masivamente la financiación de la industria de la conservación, que a su vez probablemente fomentará una enorme expansión y militarización de este tipo de áreas. En la práctica, el dinero que supuestamente se destina a la “mitigación del cambio climático” se utilizará para expulsar a poblaciones de sus tierras y financiar los salarios de guardaparques armados y equipo militar para violar los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Aclara que de conformidad con el Derecho Internacional, es preciso el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de las comunidades locales antes de que se lleve a cabo cualquier proyecto en sus tierras. “Existen grandes organizaciones conservacionistas que nunca han obtenido debidamente tal consentimiento. En muchos casos, los habitantes indígenas solo descubren lo que está ocurriendo cuando los expulsan de sus tierras, o cuando en sus comunidades aparecen guardianes armados”, se lee en la página web de Survival.
Sus investigaciones le han permitido hacer señalamientos serios que delatan la complicidad de organizaciones como World Wildlife Fund (WWF), la Wildlife Conservation Society (WCS) y African Parks. Afirman que “estas instancias financian y apoyan a quienes cometen esas atrocidades y apenas hacen nada para acabar con la violencia que se comete contra los guardianes originarios de las tierras que, dicen, desean proteger”.
La página igualmente recoge testimonios de indígenas afectados como los bakas, en Congo: “WWF ha llegado a nuestro bosque y está marcando lindes sin nuestro consentimiento. Nadie se ha dignado a darnos una explicación. Simplemente nos han dicho que ya no tenemos derecho a entrar en el bosque. Los guardaparques ya nos están haciendo sufrir. Golpean a la gente, pero no protegen a los elefantes.”
Cuando se le preguntó a Sánchez si realmente las comunidades de base (pueblos indígenas, sociedad civil organizada, defensores de la naturaleza) se beneficiaban con los famosos bonos de carbono, respondió que no siempre.
“Un balance de los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) realizado por la Secretaria de la Convención de Cambio Climático, encontró que de los 7.803 proyectos realizados entre 2001 y 2018 en 140 países, solamente el 40% incluyó compromisos con las comunidades locales creando empleos y mejorando la educación o las condiciones de vida locales. Solo 27% de los proyectos produjo beneficios financieros para la economía local. Ello ocurre porque muchos proyectos se realizan exclusivamente dentro del ámbito de sectores empresariales industriales en los cuales no existe posibilidad de participación de las comunidades”, detalló.
Debate intenso en Madrid COP25
Recordemos que en el 2019, la polémica COP25, que se iba a realizar en Chile pero debido a la inestabilidad política y social que estaba viviendo el país latinoamericano fue trasldada a Madrid (España); uno de los debates fue entorno a los créditos de carbono y su transición del antiguo Protocolo de Kioto al novel Acuerdo de París (2015). En dicha reunión un grupo de destacados ambientalistas manifestaron su temor por la «doble contabilidad» de las reducciones de emisiones si las reglas no se redactaban claramente. Se referían al artículo 6 del Acuerdo de París, que establece que todos los países tienen objetivos de reducción de emisiones. A juicio de los expertos, eso significaba que si un país “A” reduce sus emisiones de carbono en una tonelada, por ejemplo, a través de un esquema de energía limpia, podría verse tentado a vender un crédito de reducción a un país “B” y contabilizar la reducción en su propio objetivo. Lo cual, a juicio de muchos, “equivaldría a una estafa”, cuyas víctimas seríamos todos los seres vivos que habitamos la Tierra.
Por otra parte hubo posiciones en bloque, con países como China, India, Brasil, Arabia Saudita y Australia; los cuales presionaron para que se puedieran transferir a la nueva etapa del Acuerdo los Certificados de Reducción de Emisiones (CER), generados a partir del Protocolo de Kioto. Los representantes de esos gobiernos justificaban que habían sido obtenidos a partir de «proyectos (mecanismos) de desarrollo limpio» (MDL), como inversiones en instalaciones de energías renovables, modernización en plantas industriales o restauración en zonas forestales. En esa oportunidad el rechazo fue contundente con más de cien países en contra. Sin embargo, uno de los acuerdos de la COP26 (Glasgow-Escocia 2020) fue darle luz verde a dicho traspaso, siempre y cuando se confirme que representan reducciones «reales de emisiones».
Podemos concluir con las palabras de Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas: “Los pueblos indígenas han gestionado y protegido durante mucho tiempo los bosques del mundo. Obtienen unos resultados por lo menos iguales en lo que respecta a la conservación con una fracción del presupuesto para las zonas protegidas, por lo que invertir en los propios pueblos indígenas es la manera más eficiente de proteger los bosques”.
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